Nuevas medidas laborales, sociales y económicas, para afrontar las consecuencias del coronavirus

El Gobierno ha aprobado una serie de medidas urgentes para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19. Para ello, se ha anunciado la movilización de hasta 200.000 millones de euros (117.000 millones de euros públicos y 83.000 de recursos privados) para afrontar las consecuencias del coronavirus. Entre las medidas, están las siguientes:

Ayudas a las familias más vulnerables.

      • Se destinarán 600 millones de euros a la financiación de prestaciones básicas de los servicios sociales de las comunidades autónomas y de los entes locales, con especial atención a la asistencia domiciliaria a personas mayores y dependientes.
      • Se ampliará la protección a los suministros de energía y de agua, y se garantizarán los servicios de telecomunicaciones.
      • Para garantizar el derecho a la vivienda, se establece una moratoria en el pago de las cuotas de las hipotecas para los deudores en situación de especial vulnerabilidad: «Ninguna persona en una situación económica difícil perderá su vivienda. En esta crisis, nadie será desahuciado de su casa».
MEDIDAS DE PROTECCIÓN SOCIAL
Hipotecas Moratoria de pago de hipotecas a personas que hayan reducido sus ingresos o estén en situación de desempleo por el coronavirus.
Suministro garantizado Durante el próximo mes, los suministradores de energía, gas natural y agua no podrán suspender el suministro a los consumidores que tengan la condición de ‘vulnerables’ o ‘en riesgo de exclusión’.
Bono Social Se prorroga hasta septiembre.
Servicios Sociales 300 millones de euros para reforzar los Servicios Sociales y atender a personas mayores sin hogar, y en residencias de mayores y dependientes.

Derechos del consumidor

Se interrumpen los plazos de devolución de los productos comprados por cualquier modalidad (durante el estado de alarma o sus posibles prórrogas).

Protección del empleo.

      • Los trabajadores asalariados podrán adaptar o reducir su jornada de trabajo para atender las necesidades de conciliación derivadas de esta crisis. Asimismo, se establece el teletrabajo como medida de flexibilidad, cuando las circunstancias lo permitan.
      • Los ajustes temporales de plantilla se gestionarán a través de los Expedientes Temporales de Regulación de Empleo (ERTES), que beneficiarán a todos los trabajadores. «Los ERTES causados por la crisis del coronavirus serán considerados de fuerza mayor y, adicionalmente, los trabajadores tendrán derecho a la prestación contributiva por desempleo, aunque no cumplan el requisito de cotización previa exigido».
      • Se flexibiliza el acceso al cese de actividad para los autónomos, que será compatible con la exoneración de pagos a la Seguridad Social. Este colectivo tendrá facilidades para que pueda cobrar con rapidez una prestación en caso de dificultad económica.
MEDIDAS DE A TRABAJADORES Y TRABAJADORAS
Trabajadores afectado por un ERTE
(Expediente Temporal de Regulación de Empleo)
  • Serán beneficiarios de la prestación por desempleo, incluso aquellas que no tuvieran derecho a ella por no tener el tiempo de cotización suficiente.
  • Ese tiempo de prestación no computará para el desempleo de después; o sea, si son despedidas en el futuro, empezarán a cobrarla desde cero.
Apoyo al teletrabajo Se favorecerá y facilitará el trabajo a distancia, facilitando los trámites a través de la autoevaluación del puesto de trabajo.
Derecho al cuidado familiar Reorganizar o reducir la jornada laboral, incluso hasta el 100%, para cuidado de familiares (mayores y niños).
Prórroga prestaciones por desempleo Se prorrogan automáticamente las prestaciones por desempleo. No hace falta, por tanto, acudir a las oficinas de empleo.
Empresas afectadas por ERTE Las empresas, durante ese tiempo, no pagarán cuotas a la Seguridad Social
Autónomos Prestación extraordinaria por cese de actividad, para los autónomos cuyas actividades hayan quedado suspendidas o que vean decaer su facturación en un 75%, en relación con el semestre anterior. Esta medida tendrá vigencia de un mes.

Liquidez a las empresas.

      • El Estado proporcionará, al tejido empresarial, toda la liquidez que necesita para mantenerse operativo. Con este fin, se ha aprobado la creación de una línea de avales y garantías públicas por un valor de hasta 100.000 millones de euros, lo que permitirá movilizar entre 150.000 y 200.000 millones en el sistema económico si también se incorpora el sector privado.
      • Asimismo, se han acordado avales adicionales de 2.000 millones de euros para empresas exportadoras, se facilitará la restructuración de créditos a explotaciones agrarias afectadas por la sequía y se acelerará la implantación de programas de apoyo a la digitalización.
      • Las Administraciones Públicas ayudarán a sus empresas contratistas para mitigar las consecuencias del COVID-19 en los contratos del sector público. El Ejecutivo también ha reformado la normativa sobre inversiones exteriores para impedir que empresas de países de fuera de la Unión Europea puedan hacerse con el control de entidades españolas en sectores estratégicos, aprovechando la caída coyuntural del valor de sus acciones.

Recursos para desarrollar una vacuna.

      • El Gobierno dotará con 30 millones de euros al Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y al Instituto de Salud Carlos III, para reforzar la investigación científica para desarrollar una vacuna.

Más información: Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19.

4-||||||||||||||||||||||||||||||||